El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estudia la posibilidad de adelantar las elecciones generales después de que el Congreso haya rechazado los dos decretos de vivienda impulsados por el Ejecutivo. La primera fecha que aparece sobre la mesa es el 29 de noviembre, aunque por el momento no existe una decisión oficial y el jefe del Ejecutivo estaría escuchando distintas posiciones antes de resolver el futuro de la legislatura.
Sánchez ha permanecido buena parte de la mañana en la zona reservada al Gobierno en el Congreso, donde ha intercambiado opiniones con ministros y dirigentes políticos. Dentro del Ejecutivo existen diferentes posiciones: algunos miembros consideran probable una convocatoria anticipada, mientras otros plantean continuar la legislatura. La decisión corresponde al presidente, que deberá valorar el nuevo escenario parlamentario abierto después de que PP, Vox y Junts rechazaran los decretos de vivienda.
La primera norma fue derrotada por 178 votos frente a 172, mientras que la segunda obtuvo 166 apoyos y 184 votos en contra. Las medidas incluían una mayor protección frente a los desahucios, restricciones a determinadas operaciones especulativas y cambios en los contratos de alquiler. Junts justificó su rechazo argumentando que las medidas podrían reducir la oferta de alquiler y elevar los precios, mientras que el Gobierno defendió que buscaban responder a la crisis de acceso a la vivienda.
El adelanto electoral supondría una decisión estratégica para Sánchez, que también deberá evaluar la situación de sus socios parlamentarios y la movilización social provocada por la crisis de la vivienda. En sectores del PSOE y del Gobierno se considera que el presidente podría esperar al desarrollo de las protestas previstas durante el fin de semana antes de tomar una decisión definitiva.
Si Sánchez optara por la convocatoria inmediata, el domingo 29 de noviembre podría convertirse en la primera fecha posible para las elecciones generales, siempre que el correspondiente decreto de disolución de las Cortes se publique dentro de los plazos establecidos por la legislación electoral. Por ahora, el escenario permanece abierto y la decisión final está en manos del presidente del Gobierno.