El juez Juan Carlos Peinado ha acordado la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Gómez será juzgada por un jurado popular en la Audiencia Provincial de Madrid. El magistrado también envía a juicio a Cristina Álvarez, asesora de Gómez en Moncloa, por un presunto delito de malversación. La decisión llega en la última semana de actividad de Peinado, cuya jubilación está prevista para el 27 de septiembre.
En su resolución, el instructor sostiene de forma indiciaria que Gómez habría aprovechado su relación con el presidente del Gobierno para favorecer su proyección profesional en la Universidad Complutense de Madrid y obtener interlocución con responsables universitarios, empresas patrocinadoras y entidades tecnológicas vinculadas a la Cátedra de Transformación Social Competitiva. Estos hechos son los que Peinado encuadra en el presunto delito de tráfico de influencias.
La causa por malversación se centra, entre otros aspectos, en la actividad desarrollada por Cristina Álvarez, empleada de Presidencia del Gobierno. El juez considera que habría realizado tareas relacionadas con actividades profesionales de Gómez y analiza también las actuaciones vinculadas al software desarrollado en el entorno de la cátedra. La Audiencia Provincial de Madrid había confirmado en julio la continuación del procedimiento por tráfico de influencias y malversación, pero descartó los delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida que Peinado había incluido anteriormente.
La apertura de juicio oral se produce después de la audiencia preliminar celebrada el 8 de septiembre. Durante aquella vista, la Fiscalía y las defensas solicitaron el sobreseimiento al considerar que no existen delitos, mientras que la acusación popular encabezada por Hazte Oír mantiene su petición de 13 años de prisión para Gómez.
El Gobierno ha reiterado su defensa de la inocencia de Begoña Gómez y ha expresado su confianza en que el jurado actúe con ecuanimidad. Fuentes del Ejecutivo cuestionan la instrucción desarrollada por Peinado y consideran que ha existido arbitrariedad y una motivación política, una interpretación que corresponde a la posición expresada por Moncloa y que será confrontada en el proceso judicial con las acusaciones y las defensas. La apertura de juicio oral no supone una condena: la responsabilidad penal deberá determinarse durante el juicio.