El mercado del alquiler afronta un nuevo cambio regulatorio. Las medidas incluidas en el primero de los decretos de vivienda recuperados por el Gobierno entrarán en vigor este jueves, después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Entre las principales novedades figura la obligación de que los anuncios de viviendas en alquiler situadas en zonas de mercado residencial tensionado indiquen el índice de referencia aplicable, además de ofrecer más información sobre el propietario y los límites legales de la renta.
La nueva regulación pretende que quien busque casa pueda conocer, antes incluso de visitar el inmueble, cuáles son las condiciones legales que rodean al alquiler. En las zonas tensionadas, la publicidad deberá identificar el precio de referencia y señalar si el propietario tiene la consideración de gran tenedor. También deberá incorporarse el código identificativo de la vivienda y, cuando corresponda, el límite máximo de renta que puede exigirse. La normativa estatal mantiene como gran tenedor, con carácter general, a quien posea más de diez inmuebles urbanos de uso residencial o más de 1.500 metros cuadrados residenciales, aunque en determinadas zonas tensionadas las comunidades autónomas pueden rebajar el umbral hasta cinco inmuebles.
La medida no afectará de igual manera a todos los anuncios publicados en España, ya que las obligaciones vinculadas al índice de referencia se concentran en las viviendas situadas en zonas oficialmente declaradas como tensionadas. Es precisamente en estos territorios donde el legislador trata de levantar un muro de transparencia alrededor de un mercado en el que el precio se ha convertido, para miles de familias, en la frontera entre encontrar un hogar y continuar buscando.
El decreto recupera además medidas que ya habían sido planteadas anteriormente, entre ellas la prórroga extraordinaria de determinados contratos de alquiler y nuevas limitaciones sobre las rentas. La normativa aprobada en septiembre establece una prórroga extraordinaria de hasta dos años para determinados contratos de vivienda habitual cuya finalización esté prevista antes del 31 de diciembre de 2027. Asimismo, refuerza las reglas aplicables a los grandes tenedores y a los contratos situados en mercados tensionados.
Otro de los cambios afecta a las operaciones inmobiliarias consideradas especulativas. Según el texto aprobado por el Ejecutivo, la prohibición que impide determinadas adquisiciones de inmuebles por debajo del 70% de su valor de tasación se amplía hasta el 31 de diciembre de 2030 y la restricción incorpora expresamente a las empresas que tengan la consideración de grandes tenedoras. El Gobierno prolonga así durante dos años adicionales una barrera diseñada para limitar determinadas operaciones sobre vivienda.
El segundo decreto de vivienda sigue un calendario diferente: aunque también ha sido publicado en el BOE, su entrada en vigor queda aplazada hasta el 15 de noviembre y deberá superar posteriormente el trámite de convalidación parlamentaria. Los dos textos vuelven así al escenario político después de su anterior rechazo en el Congreso, pero lo hacen a velocidades distintas: mientras uno comienza ya a transformar las reglas del alquiler, el otro tendrá que esperar y buscar los apoyos necesarios para sobrevivir a su paso por la Cámara.


